Tras la paralización del servicio de justicia durante los primeros estadios del ASPO, se evidenció el atraso científico-tecnológico y estructural en la escena judicial y la necesidad de superar la cultura analógica para pasar a una de neto corte digital. El escenario actual plantea la oportunidad de modernizar el sistema para hacer frente a los desafíos que impone el siglo XXI: una justicia eficiente, innovadora y proactiva. Se presenta la digitalización, entonces, como derecho de la ciudadanía -en términos de optimización temporal y aumento de productividad de la actividad de los órganos jurisdiccionales- para acceder a respuestas de calidad en el marco del proceso. Frente a un nuevo paradigma, la implementación de las TICs importa un pilar primordial para entender la justicia del porvenir.