Se ha desarrollado la idea de que la relación fiscal entre la Nación y las provincias no ha logrado corregir las asimetrías socio-económicas existentes en el territorio argentino, a pesar del objetivo redistributivo explícito en los distintos regímenes de transferencias. La relación fiscal vertical no promueve el desarrollo económico local sino que parece seguir y promover una lógica atravesada por intereses vinculados con la gobernabilidad de cada uno de los ámbitos.
La descentralización de gastos sin la de los recursos hace que las provincias sean financieramente dependientes del gobierno nacional, pero también desdibuja los incentivos para los gobiernos locales se interesen por propágina mover la recaudación propia y gestionar el desarrollo de sus entramados productivos que sería la fuente de dicha recaudación.
La falta de correspondencia fiscal genera una lógica de incentivos que en vez de promover el desarrollo de sus cadenas productivas y del empleo privado, convalida el aumento de la planta de empleo público. Ya sea para suplir la falta de demanda de trabajo de las firmas o para sostener la estructura partidaria y la gobernabilidad, este comportamiento refuerza la dependencia financiara de los gobiernos provinciales e indirectamente incrementa los obstáculos para gestionar el desarrollo económico provincial.
Para cambiar el mecanismo de incentivos y promover la gestión provincial de su propio desarrollo económico (endógeno) se proponen alternativas contractuales que no requieran modificar los regímenes de transferencias verticales existentes.