Durante la primera década del Siglo XXI se observó un giro significativo en las posiciones y el discurso del Estado respecto a la inmigración, que es trasladado al marco normativo y a las políticas referidas a las migraciones internacionales. Esta tendencia -que se visualiza también sobre la diversidad cultural- podría encuadrarse dentro de lo que Nancy Fraser (2008) denomina políticas de reconocimiento. En este marco, es esperable que esta visión sobre la población migrante se traduzca en una mayor accesibilidad a la satisfacción de sus necesidades, entendiendo ésta como un vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios sociales, que surge de una combinatoria entre las condiciones y discursos de los servicios, y las condiciones y representaciones de los sujetos, y se manifiesta en la modalidad particular que adquiere la utilización de dichos servicios (Stolkiner y otros, 2000). Sin embargo, los cambios estructurales y la falta de presencia del Estado asegurando la accesibilidad a los servicios básicos, presentan consecuencias en los planos micro y meso social, ya que afectan no sólo a los hogares, sino también a las comunidades (Castillo García, 2000).