Violencia económica contra la mujer: el incumplimiento del deber alimentario como una de sus aristas

Abstract

El derecho/ deber alimentario comprende en su análisis múltiples vertientes. Sin perjuicio ello, me centraré específicamente en el incumplimiento del deber alimentario como un tipo de violencia de género específico: violencia económica o patrimonial. El incumplimiento de los deberes alimentarios por parte de los progenitores es una forma más que adquiere la violencia contra la mujer, es decir, que con dicho actuar los hombres no sólo privan a sus hijos o hijas de uno de los derechos humanos más básicos como es el de alimentación sino que también procuran con esta conducta disciplinar y amedrentar a la progenitora, obligándola a efectuar un sin número de malabares para sostenerse y sostener económicamente a sus hijos o hijas. En ese contexto las mujeres se ven obligadas a judicializar los reclamos de cuotas alimentarias, “mujeres que asumen en solitario... o acompañadas de otras mujeres... la totalidad de las obligaciones inherentes al cuidado, incluido el sostén financiero del hogar” (Schiro 2022: 1). Al respecto, la jurisprudencia ha comenzado a visualizar esta problemática que tiene como principales afectadas a las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos y a la luz de las nuevas previsiones contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación y, en ese sentido, el presente trabajo busca relevar cuestiones sobresalientes de dichas resoluciones judiciales. Específicamente, se analizará un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y De Minería de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, mediante el que se consideró el incumplimiento de los deberes alimentarios del progenitor y la baja de servicios de su titularidad como manifestación expresa y evidente de su presión y violencia económica y condenó al demandado a abonar los gastos fijos por fuera del monto otorgado por alimentos provisorios como una ampliación de la medida preventiva urgente oportunamente solicitada por la damnificada, entendiendo que la medida requerida se enmarcaba en una situación de violencia de género que los excede.