Busque entre los 170948 recursos disponibles en el repositorio
Como es de público y notorio, en el ámbito geográfico de la Ciudad de La Plata, desde un tiempo a esta parte se ha magnificado un fenómeno que desde hace décadas se encontraba en franca expansión, como es el de los asentamientos informales. Dicha situación tuvo su pico de tensión con la famosa toma de Los Hornos cuando luego de más de sesenta días de ocupación el juez de la causa resolvió archivar las actuaciones, dando un cierre desde lo judicial al conflicto pero dejando irresoluto un tema que excede el campo del Derecho Penal y se inserta en otros espacios como el Derecho Ambiental, Utilización del espacio público, planificación territorial, acceso a vivienda digna, etc. El Derecho Penal, como herramienta de control social, sujeto a severas limitaciones fundadas en la necesidad de delimitar el poder del estado para restringir los derechos individuales de los ciudadanos, parece en muchas ocasiones por un lado excesivo en sus respuestas pero por otro limitado en cuanto a las soluciones de los conflictos subyacentes. Mientras tanto, asistimos a un debate parlamentario que pone en jaque modelos de producción agricologanadera extensiva, en el marco de la discusión de los por lo menos 10 proyectos de Ley de Humedales, donde básicamente se está discutiendo las limitaciones al uso del suelo en virtud de la existencia de valores ecosistémicos que corresponde proteger en vías a la sostenibilidad, lo que agrega otro capítulo a la cuestión de la regulación del uso del suelo, el derecho a la propiedad privada, y la necesidad de producir alimentos en un mundo cada vez más globalizado. En tal sentido, el Derecho Ambiental, de conformidad con la Ley 25 6 753 de Presupuestos mínimos, cuya texto regula ese derecho constitucional incorporado en la reforma del 94 el ambiente sano, y el uso racional de los recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes asegurando su sostenibilidad para las generaciones futuras, pone en crisis de manera constante las necesidades de desarrollo, el crecimiento demográfico constante, y la capacidad de carga de los ecosistemas para albergar más cantidad de habitantes que a su vez demandan infraestructura, y servicios básicos, con su consabido impacto ambiental en el hábitat. Frente a estas exigencias, cabe sumar también, las emanadas del desarrollo de los también los Derechos Sociales y Culturales, dentro de los que se consagra derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, lo que impone al Estado la obligación de resolver la presión demográfica de los grandes centros urbanos, dotando de los servicios básicos necesarios para una existencia digna, saludable y segura. El ordenamiento urbano territorial, herramienta de planificación de crecimiento de carácter eminentemente local, fija las pautas para que cada municipio diseñe su estrategia de desarrollo urbanístico tratando de equilibrar las demandas de zonificación industrial, comercial, residencial urbana y también rural y al hacerlo debería vincular a lo enumerado precedentemente. Nuestra ciudad de La Plata, se encuentra en un período de crecimiento sostenido, extendiendo la línea urbana con la consiguiente presión sobre la frontera agrícola, con toda la problemática que ello implica. En tal sentido, se pretende abordar el análisis de todos estos aspectos relacionados con la problemática planteada y poniendo especial énfasis en la utilización de estrategias estatales para encarar la solución, con una crítica sobre la aplicación del Derecho Penal como respuesta frente al conflicto, pero subrayando la necesidad de resolver la conflictiva por parte del Estado, garantizando los derechos individuales en armonía con los derechos sociales, económicos y culturales, respetando el derecho a un ambiente sano abasteciendo sus necesidades sin desproteger a las generaciones futuras.