La familia, entendida desde las teorías socio-antropológicas (Jelin, 1998; Libson, 2011; Roudinesco, 2003; Pichardo Galán, 2009; Vespucci, 2013), como orden simbólico y en tanto institución social se encuentra en constante transformación. Los cambios sociales, culturales, políticos y la creciente movilización feminista y de la diversidad sexual ha cuestionado la familia nuclear como modelo de familia occidental basado en el vínculo biológico, llevando a la conformación de distintos tipos de familia: mixtas, adoptivas, de acogida, homoparentales, entre otras. Como sabemos a partir de estudios clásicos (Cadoret, 2003; Weston, 2003), las familias homoparentales se han configurado a partir de cuatro fórmulas: 1) una pareja con hijos/as de relaciones heterosexuales previas; 2) acuerdos entre lesbianas y gays que desean tener uno o más hijos/as y deciden criarlo entre dos unidades familiares, una materna y la otra paterna; 3) a través de una adopción; o 4) utilizando técnicas de reproducción asistida (Cadoret, 2003, p. 17). En Argentina, las opciones más comunes son “la crianza monoparental o conjunta de hijos de relaciones heterosexuales previa y la comaternidad a partir de la utilización de técnicas de reproducción asistida” (Bacin, 2011, p. 204). Esta última ha sido analizada en mi tesis doctoral, explorando los sentidos y prácticas de las familias comaternales en la experiencia de tratamiento de reproducción humana asistida en el marco de sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618/2010) y la Ley Nacional de Fertilización Asistida (N° 26.862/2013)21. Estas regulaciones han brindado el reconocimiento de los derechos civiles, familiares y reproductivos a una diversidad de familiares y proyectos parentales. En este escenario socio-político, y desde una perspectiva de género, es que nos preguntamos por las familias copaternales -compuestas por dos varones gays que asumen la paternidad y crianza de sus hijos/as en forma conjunta- que recurren al alquiler de vientre para llevar a cabo su proyecto parental. El intento de legalización de esta práctica bajo el nombre “gestación por sustitución” durante los años 2012 y 2013 en plena reforma del Código Civil ha generado una diversidad de dilemas ético-políticos, como el vínculo entre el bebé y la mujer que lo lleva en el vientre, los criterios para definir identidad (Famá, 2012), filiación y la retribución económica a la mujer gestante (Moreno, 2015).