En el 2010 se sanciona la Ley Nacional 26.657, que fue la primera en dar un concepto y definir lo que se entiende como “Salud Mental” en nuestro ordenamiento jurídico. Esta normativa representó un hito en el campo de los derechos, no solo por incorporar límites en los campos legales y médicos, si no por redefinir la relación médico-paciente. Este cambio de paradigma, tomado de convenciones internacionales y líneas generales de acción de la Organización Panamericana de la Salud, fundó una nueva dinámica de interacciones y prácticas que luego se evidenciarían con la explícita lucha de poderes entre diferentes corporaciones farmacéuticas, asociaciones de psiquiatras y psicólogos, organizaciones no gubernamentales y actores individuales. El siguiente trabajo exploratorio, se propone analizar estas tensiones procurando propuestas en el campo práctico de acción y pedagógico.