En el presente trabajo se pone en tensión (una vez más) el sistema de agricultura industrial, especialmente en relación a la carga de agrotóxicos que este conlleva. Se ponen en juego los derechos humanos a la salud y al ambiente en nuestro país. Los mismos se encuentran consagrados en tratados internacionales, regionales y a nivel constitucional, cuya normativa nacional se desagrega hacia otros niveles de gobierno, dando lugar a la nueva era ambiental. Asimismo, pensamos a la soberanía alimentaria como vía para la autoderminación de naciones, pueblos y comunidades originarias, ligadas a un territorio determinado, el derecho a su cultura en la producción y utilización de semillas (Lanfranco, 2020) y defensa de su patrimonio biodiverso, entendiendo que “los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos” (Preámbulo del Convenio sobre diversidad biológica de 1995 ratificado por Argentina por ley 24.375) como condición del derecho humano a la alimentación.