Argentina ha experimentado en las últimas décadas profundas transformaciones en lo que respecta a la manera en que las clases populares intervienen en la vida política. Gravemente desarmadas material y moralmente por un largo ciclo de dictaduras militares, paulatinamente y debido de manera fundamental a las luchas desatadas por obtener los derechos y condiciones de vida básicas expropiadas por las clases dominantes durante ese periodo, han logrado desarrollar formas de organización originales (Svampa y Pereyra, 2003; Thwaites Rey, 2004; Scribano, 1999; Carrera y Cotarelo, 2000; Campione y Rajland, (2006). A partir del año 2001 se puede decir que se inauguró una nueva etapa de luchas populares donde las formas institucionalizadas de lucha, especialmente mediante la participación en partidos políticos (tanto de aspiraciones revolucionarias como reformistas) fueron desplazadas hacia formas descentralizadas, más ligadas a la acción directa (Pérez y Rebón, 2012) y la organización de base que a la lucha parlamentaria.