Hace ya tiempo que la historiografía ha realizado una reinterpretación del papel del Estado y del propio movimiento obrero de los años ‘30 en cuanto a la capacidad para articular relaciones colectivas en el mundo del trabajo, más allá de los dispositivos de intervención del Estado. Estos estudios desafiaron la imagen rupturista que el peronismo había construido de sí mismo, según la cual las convenciones colectivas como medio de articulación de las relaciones laborales eran una consecuencia directa de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943. Sin desconocer la capacidad de la movilización obrera anterior al peronismo para mejorar sus condiciones de vida, aquí trataremos de centrar la mirada tanto en las nuevas dependencias estatales cuyo accionar y facultades condicionaron de manera concreta y más estable los vínculos entre trabajadores y patronal, así como en los cambios en las nociones del Derecho que acompañaron y posibilitaron la reglamentación legislativa de las convenciones colectivas en 1953.