En el marco del debate y evaluación sobre los programas de Transferencia de ingresos (PTC) implementados en América Latina desde hace dos décadas, Argentina y Uruguay deciden, hace pocos años su institucionalización a través de la integración de estos programas al Sistema de la Seguridad Social como beneficios no contributivos y desde una perspectiva de derechos.
En ambos países se extendieron las asignaciones familiares, que hasta entonces sólo cobraban los hijos de los trabajadores del sector formal de la economía, a todos los menores de 18 años de las familias de desocupados, trabajadores informales o en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Los PTC pasan de ser programas específicos a constituir un sistema institucionalizado de distribución del ingreso que mantiene la condicionalidades de salud y educación.