La accesibilidad a sistemas de salud equitativos constituye una cuestión que trasciende las agendas políticas locales, traspasando las fronteras, no solo de Latinoamérica sino del mundo entero. En el marco de nuestra legislación la salud constituye un derecho social de raigambre constitucional desde la reforma de 1994, siendo el Estado garante de la obligación de asegurar a todos los ciudadanos el acceso a la atención médica garantizando salud y bienestar. La Constitución de la Nación Argentina confiere lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios(…).