¿Afecta el federalismo fiscal argentino la supervivencia de los presidentes en su cargo? Una mirada a las instituciones y a la historia argentina sugeriría una respuesta positiva a esa pregunta. Argentina tuvo, desde el comienzo de su organización institucional, un federalismo asimétrico y centralizado: unas pocas provincias concentraron el grueso de la actividad económica; el Tesoro Nacional controló la parte del león de la recaudación impositiva; y los presidentes utilizaron el poder fiscal a su disposición, a través de transferencias intergubernamentales discrecionales, para disciplinar y conducir a los líderes políticos provinciales. Cuando la actividad económica que alimentaba la recaudación nacional decayó, o la política económica de los gobiernos nacionales derivó en crisis de solvencia, los gobiernos provinciales respondieron buscando autonomía financiera a través de la emisión de deuda pública y/o cuasi monedas, resistiendo programas de ajuste fiscal propuestos por la administración nacional, y retaceando su cooperación al presidente en el Congreso hasta despojarlo tanto de recursos económicos como políticos. Con esta lógica podría darse cuenta de varias renuncias presidenciales: la de Derqui en la crisis fiscal de la Confederación; la de Juárez Celman en la crisis financiera de 1890; la de Luis Sáenz Peña en 1895; la de Alfonsín en 1989; y la de De la Rúa en 2001. La centralización del poder fiscal habría permitido el disciplinamiento de los líderes provinciales en los buenos tiempos económicos; el poder político de las provincias en el Congreso habría facilitado la autonomización financiera de algunas de ellas en los malos tiempos y su capacidad de resistir y presionar con éxito contra las políticas restrictivas de la administración nacional.