En un país en el que el desempleo –según el índice record de 1996– llegó a afectar al 19 por ciento de la población económicamente activa, se produjo un aumento inequívocamente geométrico en los delitos contra la propiedad y las personas.
En tal contexto irrumpieron nuevas generaciones delictivas cada vez más jóvenes, precarizadas y violentas, en el sentido literal de la palabra. Porque no son los trabajadores quienes, al ser cesanteados, deciden súbitamente volcarse hacia a la práctica de actividades ilícitas, sino los hijos y hasta los nietos de familias cuyos integrantes adultos vienen careciendo de actividades genuinas desde hace ya, por lo menos, diez años.
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)