Mendoza cuenta con zonas ecológicamente muy aptas para la vitivinicultura de calidad, lo que ha producido una capacidad de exportación notable en un mercado altamente competitivo como es el comercio vitivinícola mundial. En igual sentido, se ha convertido en una zona de producción fruti-hortícola con fuerte incidencia en los mercados internos y externos. Sin embargo, pese a estas condiciones favorables, toda actividad agro-industrial se ve afectada fundamentalmente por dos fenómenos: una excesiva división de los predios por razones hereditarias, que origina minifundios que carecen de rentabilidad suficiente; y, la falta de reglamentación de la unidad económica que produce un avance de la ocupación poblacional e industrial sobre las zonas agrícolas. El primero de estos fenómenos es común a toda la actividad agraria de nuestro país, el segundo es propio de la mayoría de los países vitivinícolas y en Mendoza no había recibido una adecuada atención legislativa. Además el esquema de oasis irrigado implica, por un lado, una actividad agraria concentrada y, por el otro, la existencia de grandes espacios desérticos, sometidos a la erosión eólica fruto de la tala indiscriminada del bosque nativo y el sobrepastoreo de ganadería extensiva y precaria.
En la ley de ordenamiento territorial se ha previsto un esquema donde se incluyen objetivos como el equilibrio territorial y la protección de las zonas ecológicamente aptas para la agricultura y donde se priorizan los usos del suelo compatibles, así como la integración y coordinación entre la Provincia y los Municipios a efectos de lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial garantizando la participación ciudadana y de las organizaciones intermedias. Todo ello en el marco de principios como el desarrollo sostenible y la teoría de sistemas.