Es a partir del enfoque de derechos en las políticas sociales, que resulta posible evaluar estándares mínimos de derechos contenidos en las políticas sociales, al tiempo que permite analizar los alcances del principio de igualdad, de participación social y de no discriminación de poblaciones que habitan en territorios atravesados por situaciones de vulnerabilidad, inestabilidad, fragilidad y precariedad (ABRAMOVICH y PAUTASSI, 2009).
En ese contexto, el 28 de septiembre del 2005 se sanciona la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral, como organismo que trajo dos medidas emblemáticas:
la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la derogación de la Ley 10.903 o Ley de Patronato.
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)