Los pueblos originarios padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo.
Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que garantizan una serie de derechos colectivos fundamentales para su supervivencia, no se han visto reflejados en un cambio sustantivo en las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
Como indica nuestra máxima norma, se reconoce el derecho de estos pueblos a la propiedad y posesión de sus tierras de ocupación tradicional. Sin embargo no se ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos de propiedad comunitaria sobre estas tierras como tampoco procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras y territorios efectuados por los pueblos indígenas.
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)