La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer tratado internacional que considera los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. El hecho de aceptar las obligaciones que de ella emanan, implica para los gobiernos nacionales el compromiso de proteger y asegurar esos derechos, implementando las políticas necesarias. Es así que en Argentina se sancionó la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, reemplazando la Ley 10903 ("Ley Agote"), cuyos lineamientos principales eran opuestos a la Convención. Esta modificación generó un impacto tal que se puede hablar de un cambio de paradigma, conociéndose como el pasaje de la Situación Irregular a la Protección Integral.