En la presente elaboración se pretende dar cuenta del panorama jurídico actual en torno al que nos encontramos en materia de agroquímicos. Para ello será menester destacar cada una de las competencias que existen en nuestro país y analizar si es necesario el establecimiento de una ley de presupuestos mínimos que establezca el umbral básico de protección ambiental respecto a los productos fitosanitarios. Sin desconocer por un lado, que las diversas competencias han entrado en conflicto entre las distintas esferas estaduales que las detentan y que han reclamado en repetidas ocasiones el auxilio de la justicia, en tanto interprete, a fin de esclarecer reparto de las mismas. De modo que los decisorios judiciales dictados son demostrativos de lo delicado y complicado que resulta encontrar congruencia fundamentalmente entre las distintas normas y por sobre todo el respeto al principio de supremacía constitucional que enmarca el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional. Y por el otro, las fuertes demandas que han ido desatándose en la sociedad, de modo que algunas han llegado también ante los órganos judiciales, frente a la utilización de esos productos apoyadas en el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente que también consagra nuestra norma fundamental en los artículos 41 y 43. Que requieren una ineludible compatibilización con los demás derechos y garantías consagrados, lo que conlleva a encontrar soluciones que no caigan en extremismos sino en remedios que contemplen todos los intereses legítimos en juego sin dejar ninguna de lado.