En Puerto Rico, la legislación sobre cooperativas de trabajo resulta insuficiente a los fines de proveer un marco jurídico adecuado que les permita asumir un papel protagónico en la promoción del desarrollo económico. De un lado, la Ley de Cooperativas no reconoce adecuadamente las particularidades de este tipo de empresas en lo referente a la interrelación entre capital y trabajo, manteniéndolas sujetas a las leyes laborales concebidas para empresas capitalistas; lo que limita su flexibilidad operacional y fomenta una barrera artificial, en ocasiones de carácter adversarial, entre el ente jurídico cooperativo y los socios trabajadores individuales. De otro lado, tenemos las Corporaciones Propiedad de Trabajadores, creadas bajo el modelo del Estado de Massachusetts, y que se adoptó en Puerto Rico bajo la Ley de Corporaciones, como empresas con fines de lucro, y al margen de todo el ordenamiento cooperativista.
Todo ello denota la ausencia de una concepción doctrinaria adecuada, que permita reconocer y distinguir la particular naturaleza de este tipo de empresas. Por ello, se impone la necesidad de revisar los fundamentos jurídico legales pertinentes, para establecer una legislación de síntesis entre ambos estatutos, que permita el establecimiento de cooperativas de trabajadores viables y sólidas, potenciando su capacidad de aportar al desarrollo de una economía solidaria para bien del país.