Los objetivos perseguidos mediante la adopción de leyes son variados, pero en materia de cooperativismo deberían responder a sus intereses, alejados de la alta politización del sistema e identificar las áreas donde la legislación ha fallado en cumplir con sus objetivos.
El Estado, al adoptar política pública en materia de economía social y solidaria, tiene como objetivo reconocer a las cooperativas, entre otras formas de organización, como entidades autónomas diferentes a las organizaciones con finalidad de lucro para entonces destacar sus principios y valores, particularmente en tiempos de crisis económicas y reconocer lo concernientes y beneficiosas que resultan para nuestra sociedad.
Para lograr ese objetivo, el Estado tiene que crear un entorno habilitador mediante la adopción o redefinición de políticas públicas que permita el crecimiento y desarrollo de las cooperativas, promoviendo su autonomía y una asociación efectiva con el Movimiento Cooperativista y mantenerlas aún ante cambios sociales y económicos, lo que requiere un reconocimiento público sobre la aportación diaria que hacen las cooperativas a la economía y a la sociedad.