La declaración como bien público a la educación superior (ES) impulsa un proceso democratizador donde emerge la problemática del acceso y con él el de las dificultades en la trayectoria, entre otras cuestiones. Este proceso se inicia en el contexto de la década de 1990, cuando predominaba la concepción eficientista de la gestión pública. Iniciado el siglo XXI, la problemática queda atravesada por los cambios en el ámbito universitario, que incorpora la concepción de derechos. Se retoman temas con renovada relevancia en el marco del derecho a la educación, temas que se estaban debatiendo en los ’90. En la región se registran elaborados planteos al respecto de la temática en la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, en La Habana, Cuba en 1996 como síntesis de las variadas consultas realizadas para la Conferencia Mundial de ES 1998 en París. Que en su declaración afirma como un Bien Público ratificado en el comunicado final de la Conferencia Mundial de ES en el 2009 en París en base a la específica presentación de la Región de Latinoamérica y el Caribe. A la vez que se promociona el acceso de los jóvenes a la enseñanza postobligatoria, como consta en la Meta General Sexta de las Metas Educativas 2021: “Incrementar la participación de los jóvenes en la educación secundaria superior, en la técnico profesional y en la universitaria” (Metas 2021, 2009: 110). Se inicia un proceso de modificaciones que habilita y dispone a políticas democratizadoras en el ámbito universitario al tiempo que permanece el criterio de eficacia y eficiencia en la gestión.
(Párrafo extraído del texto a modo de resumen)