Desde el año 2005 la provincia de Buenos Aires (Argentina) comenzó a delinear una serie de políticas educativas sostenidas en algunos principios que las diferencian de las políticas correspondientes a periodos anteriores. Las mismas se fueron consolidando desde 2007 con la sanción de la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que acompañó a la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Entre los principios que las orientan podemos mencionar la educación definida como bien público y derecho personal y social garantizado por el Estado, los niños y jóvenes comprendidos como sujetos de derecho, el fortalecimiento de un sistema educativo federal, la democratización del espacio escolar, la definición de políticas universales, la inclusión educativa y la extensión de la obligatoriedad escolar. En este marco, se han ido produciendo transformaciones en el modo en que son caracterizados los estudiantes en las políticas educativas (Mariani et al., 2012; Litichever y Núñez, 2005): los niños y jóvenes son concebidos desde la perspectiva de la ciudadanía crítica o sustantiva, que los comprende como portadores de derechos con capacidad de accionar políticamente, participar e intervenir efectivamente en lo social. Este enfoque considera que los niños y adolescentes no aprenden a ser ciudadanos, sino que lo son desde su nacimiento, alejándose del estereotipo respecto de lo que históricamente la escuela construía como “sujeto alumno” (incompleto, inmaduro, restringiendo la ciudadanía a su dimensión política).