Hacia mediados de siglo XX, el sistema nacional de educación superior en Argentina experimentó un crecimiento general caracterizado por un aumento significativo de la “Tasa Bruta de Escolarización Universitaria” (en buena medida alimentada por la feminización de la matrícula); una acentuada reconfiguración del aparato del Estado en vistas a intervenir decididamente en los procesos de producción de saberes y de desarrollo económico; la puesta en marcha de un complejo y acelerado proceso de modernización, que incluyó el despliegue de variadas estrategias de institucionalización de las ciencias sociales (sociología, economía, psicología y antropología) y un inusitado fortalecimiento de los nexos entre investigación científica y educación superior (Beigel, 2013). Pero, dada la endémica inestabilidad política del país se observa una merma de este dinamismo inicial, dando lugar a una etapa de contracción de la autonomía. La recurrente intervención de las universidades estatales por parte de los regímenes autoritarios, marcaron un punto de ruptura para el desarrollo autónomo de la investigación social y el incipiente proceso de profesionalización académica.