En la última década, las acciones del Estado en materia habitacional se han intensificado tal como lo evidencia una diversidad de programas e iniciativas que se ha puesto en marcha. En líneas generales, las mismas han quedado supeditadas a lineamientos nacionales que, a partir de la crisis de 2001, viraron hacia la recentralización redefiniendo las relaciones del Estado central con las provincias y los municipios, a diferencia de la modalidad desarrollada a lo largo de la década de 1990 que se destacó por el planteo de una estrategia descentralizadora. Esta reconfiguración del Sistema Federal de Vivienda se centró principalmente en dos grandes operatorias destinadas a los sectores de menores ingresos que, además de paliar el déficit habitacional, pretendieron atender las necesidades de empleo y del sector de la construcción. Una, fue el Programa de Emergencia Habitacional (“Techo y trabajo”), fomentando formas cooperativas de producción habitacional; la otra, el Programa Federal de Viviendas, subsidiando la oferta de la producción empresarial concebida como dinamizadora de la economía (Rodríguez; 2006).