Las políticas económicas neoliberales aplicadas en el país a partir de 1990 incluyeron como novedad la ejecución de programas de desarrollo rural; estas iniciativas estatales se ejecutaban desde el gobierno nacional o en conjunto con las provincias. Dichos programas tenían todo el repertorio de medidas para superar los problemas que el anterior modelo económico no pudo resolver: endeudamiento externo para reducir déficits estatales; descentralización de actividades del ejecutivo nacional a los gobiernos provinciales, incorporación de las ONG dentro de iniciativas estatales y precarización laboral. Este nuevo diseño de asistencia estatal tenía como objetivo reducir la pobreza en el medio rural, sin embargo produjo descoordinación entre organismos estatales; conflictos personales e institucionales y precarización de las condiciones económicas de los trabajadores contratados.
Analizaré aquí, las consecuencias provocadas por la ejecución de programas de desarrollo en:
las estructuras estatales y en las condiciones laborales del personal contratado. Y reflexionar acerca de la singular situación de resolver desde Buenos Aires cuestiones operativas de la ejecución de políticas en el interior del país, sin considerar las características de estas sociedades.