Si bien el fenómeno de la tercerización laboral no es nuevo en Latinoamérica, no es posible afirmar que exista una valoración unívoca de ella en nuestra región. En los países de América Latina encontramos un arco de respuestas estatales muy disímiles que implican concepciones particulares respecto del significado y los impactos de la tercerización sobre los trabajadores, sus formas de organización para enfrentarla y las posibilidades de desarrollo de cada país y que, en ciertos casos, es diametralmente distinta una de otra.
Dicha variedad de respuestas estatales pueden explicarse por el contexto político de cada país y dan cuenta del estado de la correlación de fuerzas entre los trabajadores, sindicatos y el empresariado, con sus avances y retrocesos. Es decir, pensar en lo legislativo y realizar una reflexión al respecto implica pensar en el Estado no como un ente autónomo de la sociedad, o como una sumatoria de instituciones reguladoras de las relaciones sociales, sino implica pensar al Estado en el marco de las relaciones sociales, y por tanto relaciones de poder, correlaciones de fuerzas que de alguna manera delimitan las fronteras de posibles transformaciones.