Utilizada inicialmente en Europa y en América del Norte, la videovigilancia se ha expandido hacia los cinco continentes, convirtiéndose en una de las principales herramientas al servicio de la seguridad ciudadana. Así, en las inmediaciones del nuevo siglo, la relación entre las imágenes, la policía y la seguridad pública se profundizó en dimensiones antes impensadas: las políticas de seguridad gubernamentales incorporaron sistemáticamente los circuitos cerrados de televisión (CCTV) para monitoreo del espacio público entre sus tecnologías para el control social y la prevención situacional del delito.
Según Norris et al. (2004) la difusión de estos sistemas es una tendencia que se ha manifestado globalmente, cuyo crecimiento fue verificado en cuatro etapas: a) Difusión privada: sistemas pequeños y poco sofisticados en el sector privado, particularmente en bancos y el ámbito comercial; b) Difusión institucional en la esfera pública: instalación de sistemas en áreas centrales de la infraestructura pública, como transporte, escuelas y edificios gubernamentales; c) Difusión limitada en espacios públicos: migración de la videovigilancia hacia la totalidad del espacio público, centros urbanos y calles de la ciudad, como herramienta de detección y disminución del crimen, implementado en general por las autoridades o policía local; d) Hacia la ubicuidad: creación de sistemas mucho más extensivos, con cientos de cámaras cubriendo todas las áreas de la ciudad. En esta última fase, se registra una tendencia hacia la instalación de sistemas a gran escala, que integran otros pre-existentes tanto del sector público como privado, y que son conectados mediante una estación de monitoreo central.