Durante la década de los 90 tuvo lugar en Argentina la adopción de las medidas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington. Como consecuencia, nuestro país quedó sumido en una crisis económica, que luego del 2001 mostró con más dureza el aumento y expansión de la pobreza y la profundización de las desigualdades sociales (Torrado, 2004). Y al tiempo que crecen exponencialmente los niveles de pobreza, desocupación, degradación de la seguridad pública y la seguridad social, paralelamente se inicia un proceso de definición social del problema de la seguridad que excluye estas temáticas y la reduce exclusivamente a un problema policial ligado a la comisión de delitos callejeros. Como consecuencia, los sectores más empobrecidos de la población comienzan a ser vistos, por las clases medias y altas, como una amenaza. Lo que, a su vez, legitima el fortalecimiento de un poder estatal más represivo (Garland, 2005) en detrimento de políticas públicas de carácter inclusivo.