La gubernamentalidad neoliberal ha hecho tender la educación pública hacia una orientación privatista, mercantil y de gestión empresarial, y situado al Estado como administrador formal del sistema. En nuestro país, la ampliación y democratización de la matrícula escolar, posibilitada por el aumento de los años de obligatoriedad escolar, habilitada por la reforma educativa de la década de los noventa, fue llevada a cabo en contextos de creciente desigualdad y exclusión social producto de las políticas neoliberales. A partir de tal antecedente, en el 2003, con el cuestionamiento de ciertos elementos del discurso neoliberal, comenzó a reconfigurarse la capacidad regulatoria y de articulación social por parte del Estado. Las políticas que se denominaron “inclusivas” se presentaron como transformadoras, subsanadoras de la desigualdad y exclusión social y democratizadoras en tanto constructoras de ciudadanía. A continuación, se analizan las racionalidades gubernamentales que se configuraron en un momento de reorientaciones estratégicas en torno al gobierno de lo social a través del ejemplo del programa PROG.R.ES.AR, el cual evoca un híbrido que presenta ciertas características propias del neoliberalismo, y otras que se le oponen y que se asemejan a características de orden más distribucionista e igualitario.