Desde las primeras horas después de la consumación del golpe de estado que derrocó al presidente constitucional de Brasil João Goulart, el 1 de abril de 1964, amplios contingentes de perseguidos políticos acudieron a las diferentes embajadas acreditadas en ese país para solicitar asilo político. La embajada de México, como las de otros países principalmente latinoamericanos, abrió sus puertas y asiló a todos aquellos que consideró que corrían peligro en medio de aquél ambiente de cacería y persecución arbitraria que el propio embajador de México en Brasil, Alfonso García Robles, observó y reportó desde los primeros días de abril.
Junto a la decisión de proteger a los perseguidos políticos, el gobierno mexicano decidió mantener, en los primeros meses, una posición indefinida y distante frente al “nuevo gobierno”. Por un lado, se negó a reconocerlo como gobierno legítimo y ordenó a su embajador abstenerse de entrar en contacto con cualquier institución o persona que lo representase, mientras que por otro, decidió mantener en funciones su legación diplomática en Río de Janeiro.
(Párrafo extraído a modo de resumen)