Entre 2003 y 2015, el empleo informal de las trabajadoras argentinas se redujo significativamente, al igual que la histórica brecha entre estas y los trabajadores en idéntica situación, y las beneficiarias de jubilaciones y pensiones se incrementaron de forma notable. También aumentó la presencia de las mujeres en el Congreso y se produjeron importantes avances normativos en cuestiones de género, diversidad sexual y derechos humanos. Todo ello fue el resultado de un proyecto situado en las antípodas de las actuales políticas de ajuste y retracción del ingreso que nos reconfirman que la dependencia económica es directamente proporcional a la desigualdad de género.