Desde mediados del siglo XX, en Argentina, el “problema universitario” significó una preocupación central para las autoridades educativas nacionales así como también para el Poder Ejecutivo. Los diferentes gobiernos buscaron articular distintas respuestas para mantenerlo bajo control. Mariana Mendonça (2015) ha destacado el conjunto de medidas que la “Revolución Argentina” desarrolló para modificar el sistema universitario nacional con el horizonte último de eliminar algunos de los motivos que generaban el descontento y la movilización estudiantil. En efecto, luego de los sucesos de 1969, sus funcionaros se propusieron generar transformaciones profundas a partir de la reconfiguración de la política universitaria. Sin embargo, aún con estos cambios y una política represiva cada vez más focalizada en el activismo estudiantil (Califa y Millán, 2016a), no lograron contener un creciente proceso de radicalización política entre los jóvenes universitarios.
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 instaló en Argentina el denominado “Estado Terrorista” (Duhalde, 2013), caracterizado por la militarización del aparato del estado y un alto contenido represivo que pretendió la aniquilación física de sus opositores y el amedrentamiento de la población a través del terror. El dispositivo represivo incluyó el secuestro, la tortura y la desaparición sistemática de personas así como el funcionamiento de centros clandestinos de detención. Continuando y profundizando lo iniciado años antes por el gobierno peronista, la universidad fue uno de los terrenos donde la represión paraestatal y estatal se asentó. Esto se hace observable en el hecho de su inmediata intervención y en que al finalizar la etapa, más del 20% de los desaparecidos fueron estudiantes (CONADEP).
En el documento “Bases para la intervención de las fuerzas armadas en el proceso nacional”
(Párrafo extraído a modo de resumen)