Las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas y de producción del conocimiento, propias del “cambio de época” (Svampa ,2008) han impactado sobre el sentido de la educación, los alcances y la función del sistema educativo así como sobre los modos de pensar los procesos de la formación de los profesores. Además, han modificando los procesos de enseñanza y aprendizaje, los significados sobre la calidad y los contenidos de la enseñanza y los modos de estar en las escuelas en el marco de la extensión de la obligatoriedad del nivel secundario.
Durante la última década, las políticas educativas plantearon el reposicionamiento del Estado en el direccionamiento de las acciones tendientes a alcanzar una educación que incluya a los sectores vulnerables de la sociedad. Los marcos legales en materia educativa (ley nacional de educación –LEN- Nº 26206/06195, ley provincial de educación –LPE- N 13688/07) orientaron sus postulados centrales (al menos desde el plano discurso) a entender la educación como un bien social y publico contribuyendo a favorecer una mayor justicia social y a superar las desigualdades y las diferentes formas de discriminación existente, en línea con los marcados procesos de fragmentación educativa.