¿Qué aportes puede realizar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a la legislación uruguaya sobre violencia a las personas mayores?

Abstract

Uruguay es uno de los países más envejecidos de América Latina y ostenta el triste título de ser el de mayor incidencia de situaciones de violencia domestica (VD). Cada 21 minutos la Policía recibe una denuncia de violencia doméstica, el delito más denunciado después de los hurtos y a esta situación no escapa, la vejez uruguaya. Si bien debe reconocerse que se han tomado medidas desde las políticas públicas para combatirla desde organismos del Estado, los resultados siguen siendo magros. Se le discrimina entre los delitos, se conocen algunas cifras, y existen comisarías y juzgados especializados en el tema, aunque se trabaja con muchísimas carencias de infraestructura y funcionamiento, además de las dificultades anexas con respeto a la contradicción entre la letra de la ley y la práctica, al punto que la Acordada 7755 de 2012, de la Suprema Corte de Justicia, exhortó a los magistrados a cumplir con la ley en los casos de violencia doméstica que llegan a la Justicia. Si esto es así con respecto a la violencia domestica desde la perspectiva del género, es aún más complicada con respecto a la de generaciones, sobre todo cuando se trata de la población vieja. No existen especificidades con respecto a la violencia y el abuso del adulto mayor en el país. Tímidamente el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través del Instituto del Adulto Mayor (Inmayores) a concretado un acuerdo con organizaciones de la sociedad civil (OSC) para trabajar sobre la temática de la violencia y abuso en la vejez.