Problematizar la forma en que se distribuye la responsabilidad del cuidado en nuestra sociedad, permite visibilizar cómo se refuerza este rol de cuidado en las mujeres obstaculizando la participación de los varones en dicha tarea. Esto repercute en un desigual acceso a derechos tanto para hombres como para mujeres, el cual muchas veces es (re)producido por las políticas públicas. Entendemos que no existe una receta aplicable a todos los contextos sobre cómo se tiene que organizar el cuidado. Sin embargo en sociedades desiguales, mercantilizadas, como las nuestras, para que exista una distribución social del cuidado equitativa, lo que hace falta es una fuerte presencia de la política pública. En nuestro país, la participación del Estado se redujo a áreas muy específicas, como la educación o la salud, o como complemento en aquellos hogares en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Es por eso que decidimos analizar a la Política Pública desde la antropología política, basándonos en un “enfoque procesual centrado en las tensiones y disputas” (Del Río Fortuna, Gonzalez Martín, País Andrade, 2012: 58). Es decir, se trata de un proceso social dinámico de disputa de significados y construcciones de la realidad, donde distintos grados de poder circulan entre los actores sociales que se ven interpelados por ella. Los problemas sociales son ingresados a la agenda pública cuando son reconocidos como tales por el Estado, éste elabora leyes/ programas que enmarcan su materialización, los agentes estatales los ejecutan (re)configurándola en sus ámbitos de concreción y a su vez la población destinataria hace uso de ellas obligada y/o estratégicamente.