La desigualdad, la pobreza estructural en Argentina y en América Latina son una de las principales preocupaciones para la agenda de los gobiernos nacionales y populares y es un función de variables tales como: crecimiento económico, distribución del ingreso, políticas progresivas tributarias y fiscales, implementación de políticas sociales integrales, programas de empleo con eje en la economía social, etc que hacen que exista una correlación directa con los procesos de inclusión social. Aquí la centralidad e intervención del estado cobra relevancia y es el actor por excelencia que cuenta con diversas herramientas para achicar los niveles de pobreza, desempleo y exclusión social en los sectores de pobreza estructural, fundamentalmente en los grandes centros urbanos .
Es por ello que se necesita avanzar desde el estado hacia un nuevo ciclo de políticas sociales que profundicen la calidad de la prestación, la masividad y la universalidad, haciendo eje en el empleo , la producción, la obra pública, el microcrédito, y repensar el rol de las Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio, fortaleciéndolas para la organización popular y empoderándolas para la gestión de programas de desarrollo con inclusión territorial.