Desde la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país ha avanzado en la sanción de un conjunto de leyes destinadas a la niñez y adolescencia desde el enfoque de derechos. Se fue constituyendo así un “sistema” de protección de carácter integral que supone cambios institucionales en las burocracias estatales con competencia sobre la “protección” y la “atención” integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA, en adelante) y pertenecientes a distintos niveles y poderes del estado -muchas veces superpuestos entre sí, tanto a nivel global, nacional y local, así como de índole judicial o administrativa-, así como también nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad civil, las familias y los NNA.
Sin embargo, en el proceso de sanción de leyes no siempre se toma en consideración las concretas capacidades de estas burocracias ni los agentes institucionales que las implementan para poder generar las transformaciones requeridas que permitan la conformación del mencionado sistema.
Este trabajo constituye un primer aproximamiento al estudio de la delimitación competencias para el gobierno de las infancias y adolescencias entre de los diferentes actores que integran el Sistema de Protección Integral, tomando como estudio de caso la Provincia de Buenos Aires, cuya Ley de Protección Integral sancionada en 2005 definió no sólo nuevas competencias, sino también nuevos actores y nuevas modalidades de intervención en distintos niveles de gobierno, principalmente entre el órgano judicial y el administrativo, y al interior de este último, entre el provincial y municipal.