El cuestionamiento de la aptitud que pudiera tener o no una persona jurídica para ejercer el rol de apoyo de un sujeto con un padecimiento en su salud mental, surge en buena medida por las deficiencias que trasluce un sistema como el nuestro, en el que el operador del derecho comúnmente designa como apoyo a un familiar del sujeto pero aquel no resulta ser lo suficientemente idóneo para satisfacer las demandas que esta labor demande. Esta falta de funcionalidad del familiar o allegado en cuestión puede provenir de una carencia de recursos económicos y terapéuticos para asistir y acompañar en debida forma a quien claramente lo necesita.