Desde los años ochenta, los cambios en las políticas alternativas de vivienda o de la segunda generación (Zapata,2017), implementadas por el Estado argentino, repercutieron en el modo de acceso a la vivienda y el suelo urbano para los sectores populares. Estos usuarios adquirieron un conjunto de nuevas prácticas sociales y políticas para la gestión de su “hábitat” y su autogestión individual que produjo una modificación en sus vínculos con el barrio y la ciudad misma. No obstante, conforme se estableció el aparato estatal neoliberal durante los noventa, esta maquinaria parecía poco dispuesta a entregarle todo “el poder al usuario” como había postulado John Turner en su clásico trabajo sobre la autoconstrucción. El acceso al suelo urbano se encontraba –y se encuentra- restringido para los sectores populares en las urbes contemporáneas (Del Río, 2011). En ciertas ocasiones, estos usuarios negocian su lugar en la ciudad, aunque bajo los términos propuestos por el Estado (Clichevsky, 1997). Ante esta situación adversa, los sectores populares han encontrado intersticios donde negociar, luchar y trabajar por su derecho a la vivienda. Esto despierta ciertos interrogantes acerca cómo se generaron los cambios en las políticas alternativas de viviendas sancionadas por el Estado, a partir de los ochenta. En la presente comunicación se abordará esta problemática con la experiencia de dos casos de organizaciones en pro de la construcción de viviendas de Rosario, cuya agencia se desarrolló entre los ochenta y los noventa. El objetivo será explorar cómo estos sectores populares se relacionaron con la implementación de las políticas alternativas del hábitat en la gestión de sus viviendas ¿Cómo lograron su organización colectiva?, y ¿de qué modo cumplieron sus propósitos?