Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (ONU HABITAT, 2004), los derechos humanos incluyen: “los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse.
Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes". El derecho a la ciudad debe manifestarse como una forma superior, como categoría integradora de todos los demás derechos:
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Debe ser factible una ciudad en la que se pueda vivir dignamente y reconocerse como parte de ella, donde sea posible la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la justicia, el acceso a la información, etc.
Nuestras ciudades como reflejo físico de la construcción histórica de la sociedad, son palimpsestos que vamos escribiendo permanentemente sobre el mismo territorio, más allá del crecimiento histórico propio del desarrollo humano y mundial.