Durante las últimas décadas y de la mano de cambios socioeconómicos a nivel global, a partir de los cuales el conocimiento y la información adquirieron un rol clave en los procesos productivos, en América Latina y el Caribe comenzó a ganar fuerza la idea de incorporar dispositivos y herramientas informacionales en el campo de la educación, generalmente a partir de la intervención del Estado (Levis, 2015; Morales, 2015: 28-29).
De acuerdoconMorales (2015: 30):“Las instituciones encargadas de la generación, transmisión, procesamiento de la información y el conocimiento (como son las escuelas y universidades) quedan involucradas en estos paradigmas emergentes”, y es así como la escuela comienza a ser interrogada en función de las nuevas demandas productivas. En este contexto “la incorporación tecnológica en el campo educativo se presenta como elemento dinamizador de las transformaciones previstas para la escuela” (Morales, 2015: 31) y las presiones sobre los Estados se traducen en la necesidad de desarrollar una fuerza de trabajo acorde con las exigencias de la economía global (Mancebo y Diéguez, 2015). Como señala Dussel (2016) en este libro, las tecnologías digitales aparecen como “llave mágica” capaz de dinamizar procesos modernizadores de las prácticas educativas, generando grandes expectativas sobre su impacto transformador.