Entre los meses de julio y setiembre de 2008 se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una lucha desigual, con derivaciones y consecuencias en varios planos: el educativo, el político, el legal, el social. La batalla por las becas constituyó la punta de lanza para el reagrupamiento de los sectores que se oponen a las políticas públicas del macrismo, si es que lo que el mismo macrismo define como “gestión” puede considerarse una política pública. Mientras se desarrollaba esta pelea –de un lado, estudiantes, junto a algunos/as padres y madres y sindicatos docentes, reclamando que no se recortaran becas de 600 y 800 pesos ANUALES a treinta mil chicos y chicas que las venían recibiendo; del otro, funcionarios de segunda categoría del gobierno macrista, y el propio ministro de educación y el jefe de gobierno, defendiendo la decisión de quitarle las becas a estudiantes en cuyos hogares el ingreso no supera los 1100 pesos- la administración Macri tomó otra medida que fue presentada como un “regreso a la autoridad docente”, y que significa en realidad una severa regresión en las políticas públicas dirigidas a los y las adolescentes, además de contrariar la normativa local y nacional relativa a sus derechos.