Investida de la idea de que era necesario producir una transformación radical de la sociedad por lo que proclamaba que no tenía plazos sino objetivos, la dictadura instaurada por la “Revolución Argentina”, inhabilitó los partidos políticos manteniendo a la vez la proscripción del peronismo, intervino los sindicatos y las universidades y practicó sistemáticamente la censura guiado por concepciones de tipo tradicionalista en el marco de una dinámica política de claro corte represivo. En este sentido, puede pensarse que su irrupción en tan variados frentes contribuyó a unificar en su oposición a sectores social y políticamente diversos. Asimismo, la clausura de todos los mecanismos institucionales de procesamiento de los conflictos volvía más factible la implementación y legitimación de nuevas formas de acción colectiva y favorecía la tendencia a que las demandas más particulares se politizaran rápidamente. Ante la etapa de cuestionamiento generalizado y eclosión de las más variadas expresiones de movilización y radicalización política e ideológica abierta tras el Cordobazo, Alejandro Lanusse lanzó en marzo del ’71 el Gran Acuerdo Nacional cuya estrategia consistía en proyectar una apertura eleccionaria que reinsertara al peronismo en el sistema político, no sin ciertos condicionamientos. Con ello se proponía encauzar la conflictividad social y política dentro de los marcos del futuro régimen democrático como forma de desgajar la oposición a la dictadura de las impugnaciones al sistema capitalista.