El sector de la gran minería frente a la "cuestión de Esquel": diagnóstico, preocupaciones, demandas corporativas y respuestas estatales en el período 2002-2004

Abstract

La gran movilización social de la población de Esquel, se convirtió en un punto de ruptura e inflexión para el sector minero por tres razones fundamentales: 1)- constituyó el primer cuestionamiento social organizado a este tipo de proyectos en el país, irrumpiendo así la voz de un nuevo sujeto político en el marco de una arena hasta el momento cerrada al tándem Estado-Empresas/Corporaciones mineras; 2)- resultó exitoso en sus reivindicaciones, convirtiéndose en referencia de múltiples asambleas, organizaciones, redes y procesos de protesta social que emergieron a partir de entonces en otras localidades y regiones, con resultados igualmente contrarios para los intereses del sector en muchos de los casos y; 3)- contribuyó fuertemente a la construcción de la “cuestión minera” como problemática social relevante, colocando en la agenda pública y mediática el debate acerca de sus consecuencias ambientales, sanitarias y socio-económicas, la pertinencia y legitimidad del marco normativo vigente para el sector, y el derecho de las poblaciones destinarias a decidir sobre su propio modelo de desarrollo local. En este marco, la hipótesis central del presente trabajo es que, como consecuencia de dicho fenómeno, el sector minero exhibió una serie de reacciones cuyo principal propósito fue contrarrestar la emergencia y/o proliferación de resistencias sociales y reconstruir una estabilidad duradera para el desarrollo de la gran minería. A partir de un diagnóstico general de la coyuntura, y de la evaluación de sus posibles efectos negativos sobre el futuro de las IED mineras en el país -que fueron elaborados por el sector en su conjunto en el marco de numerosas reuniones, foros y seminarios nacionales e internacionales, discursos, entrevistas y comunicados de sus principales representantes en el ámbito público y privado, informes de consultoras y artículos de periodistas especializados, entre otros-, pueden señalarse dos reacciones fundamentales: por un lado, las demandas de las empresas y sus organizaciones corporativas al Estado y, por otro, la serie de medidas que éste implementó como respuesta, con el objetivo de reinstalar a la actividad minera como “política de Estado” y “sector estratégico” de la economía nacional, en señal de compromiso con los inversionistas; al tiempo que introdujo ciertas líneas de acción vinculadas con determinadas demandas sociales, a los fines de encausar el conflicto por vías institucionales.